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La Huelga un problema de “Riesgo” o “Amenaza” de Seguridad Interior en México. (Nueva Ley de Seguridad Interior)

19/12/2017

 

 

En el preámbulo de la presentación de una iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo por parte de la CTM y la CROC en el Senado de la República –la que indiscutiblemente atenta contra derechos fundamentales de los trabajadores y sindicatos- se aprueba en lo general y lo particular la Ley de Seguridad Interior, la cual entre muchas otras cuestiones es inconstitucional por atentar contra el Federalismo, División de Poderes, por ausencia de Facultad Legislativa y la ambigüedad de su redacción deja en total estado de incertidumbre e inseguridad juridica al gobernado, pero además afecta directamente un derecho social indispensables para la Democracia y mantenimiento del Estado de Derecho en México, el cual sin lugar a dudas es el derecho fundamental a la Protesta Social.

La protesta social se relaciona con el derecho para manifestar y expresar opiniones e ideas y el derecho de asociación, pero de forma especial se ejerce para evidenciar públicamente las problemáticas que individuales o colectivas afectan el ejercicio pleno de derechos. En otras palabras, la protesta social es un mecanismo ciudadano mediante el cual las autoridades tienen la obligación de dar cauce a estas muestras de descontento, de escuchar las necesidades expresadas y de buscar canales o vías adecuadas para responder a ellas efectivamente, ello incluso sin atender a un tecnicismo sobre la procedencia o fundamento en que radique su denuncia, por lo que de acuerdo a nuestra Carta Magna -artículo 1- las autoridades en el ámbito de su jurisdicción tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales que se contienen en la Constitución y en los Tratados Internacionales, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por tanto; se encuentran obligadas a atender las demandas de la sociedad y encontrar una solución a las mismas, resaltando que nunca estará dentro del ámbito de sus funciones reprimirla por medios violentos, ni mucho menos bajo el uso irracional de la fuerza pública, ya sea a través de una autoridad civil o del ejército.

Bajo ese parámetro de la protesta social se ejerce el derecho de huelga, mismo que es un derecho fundamental de los trabajadores, el cual se ejerce para denunciar públicamente las condiciones de trabajo precarias, insalubres e ínfimas en que se encuentran desarrollando sus labores los operarios y que impiden la continuidad de las mismas, paralizándolas como un signo inequivo de protestar ante el desequilibrio de los factores de la prodúcción, encuadrando por ello dentro de la protesta social.

La Ley de Seguridad Interior en su artículo 8 dispone lo siguiente:

“Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior.”

Cómo podemos apreciar la ley solamente contempla a un derecho (movilizaciones) como objeto de exclusión de los alcances de la norma, lo que permitirá entender que otros derechos como podrían ser la libertad de expresión, el derecho de asociación o el derecho de huelga sí serían materia de sus alcances, lo cual debe ser de notable preocupación para los trabajadores y organizaciones sindicales auténticas, democráticas, autónomas y defensoras de derechos fundamentales sociales.

Suponiendo que de una interpretación sistematica del artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior a la luz del artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea considerada a la Huelga, como parte de los actos de protesta social que se encuentran excluidos por el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior, es decir; de poder ser considerados como “Amenazas” a la Seguridad Interior, ni de poder ser materia de declaratoria de Protección de Seguridad Interior, al respecto es importante resaltar que la ley regula tanto las “amenazas a la seguridad interior” (artículo 4, fracción II) como el “riesgo a la seguridad interior” (artículo 4, fracción III); luego entonces; si en el mejor de los casos la norma prevista en el artículo 8 se considera a la protesta en su interpretación amplia –esto es incluyendo a la huelga- solamente impidiría que la misma fuera considerada como “amenaza”, pero no hace referencia a que sea considerada como “riesgo”, consecuentemente; la huelga como un acto de protesta social puede ser catalogado sin problemas como un “riesgo” de seguridad interior y por tanto; la intervención del ejército o la autoridad civil correspondiente sería inminente para hacer cesar los efectos y consecuencias de la huelga, lo cual toma aún más relevancia si consideramos la práctica y experiencia sindical respecto al ejercicio del derecho de huelga, en donde la patronal simula actos vandálicos al momento del estallamiento de esa, lo cual haría cuadrar al movimiento sindical en el supuesto de “amenaza”, así como en el supuesto de “riesgo”. Situación que se podría potencializar con relación a los Sindicatos que tienen celebrados Contratos Colectivos de Trabajo con empresas o dependencias que prestan servicios públicos o indispensables para la sociedad o que su funcionamiento garantiza el goce de un derecho fundamental (comunicaciones, telecomunicaciones, alcantarillado, agua, salud, educación, energía, etc.).

Por otra parte; no se debe dejar de apreciar que, el citado artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior remite a la Carta Magna para definir a qué tipos de movilizaciones refiere que bajo ninguna circunstancia “…serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior.”, norma Suprema que en su artículo 9 dispone lo siguiente::

“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”

Si bien es cierto que se retiró del texto del artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior la palabra “pacíficamente”, cabe resaltar que la Constitución si hace referencia a que el derecho de asociación debe de llevarse a cabo de forma pacífica y por lo que hace a las movilizaciones hace referencia a su ilicitud solo cuando no se profieran injurias o se ejerza violencia o amenaza en contra de las autoridades, pero jamás faculta a la autoridad a impedir su ejercicio de forma general por medio del uso de la fuerza y mucho menos de forma desmedida, solo establece los requisitos sin los cuales no se considerarán lícitas, hecho que de ninguna manera puede motivar al legislador a considerar a la protesta social en los supuestos de “riesgo” o “amenaza” de seguridad interior, por ende; el objeto material del citado artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior y en general de la Ley, trastoca el principio de racionalidad y necesidad, pues permitiría que con independencia de que esos derechos se ejerciten de manera pacífica o no, con injurias, violencia, amenazas o sin estas, pueden estar sujetos al alcance de la ley y de las autoridades encargadas de su aplicación y en especial de las Fuerzas Armadas, sin que se establezca en la Ley parámetro alguno respecto al uso de la fuerza y de la calificación de su licitud, con la finalidad de que el uso de la fuerza sea excepcional y sin uso desmedido.

No se debe dejar de lado que la Ley de Seguridad Interior, autoriza mediante los artículos 4, fracción I y 26 llevar a cabo acciones de seguridad interior ante la simple existencia de riesgos de seguridad interior, los cuales son definidos en la Ley por el artículo 4, fracción III, pero como situaciones que potencialmente pueden convertirse en amenazas. Por tanto; al quedar al arbitrio de la autoridad la existencia de éste tipo de situaciones, dichas cláusulas habilitarían la ejecución de la ley en un número indeterminado de escenarios, como lo es en el caso de la Huelga.

Así mismo, teniendo en cuenta que el derecho a la protesta social también es un derecho individual, debe preservarse incluso en presencia de acciones violentas por parte de algunas personas, es decir; la protesta social con violencia sólo podría ameritar la acción pública en contra de las personas que están cometiéndola, (generalmente provocadores infiltrados) pero no una actuación global contra la protesta y las personas que están actuando de manera pacífica y lícita o en su defecto en el ejercicio del derecho de huelga a calificar su ilicitud, más no su disuación o represión por parte de autoridad alguna.

La participación de las Fuerzas Armadas en contra de protestas sociales, aunque no sean pacíficas, es en detrimento del empleo proporcional y gradual de la fuerza y podría favorecer el empleo de una fuerza excesiva, lo cual contraviene los principios internacionales sobre la materia (evitar el empleo de la fuerza o en su defecto limitarlo al mínimo necesario, en su defecto hacer uso intencional de armas letales solo cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida, etc.) en otras palabras, se establece una diferenciación artificial e innecesaria entre la protesta en razón de su motivación, lo cual es ilegítimo.

Por ello se sugiere que todas las Organizaciones Sindicales, sus agremiados y su asesores hagan uso del derecho de protesta y una vez públicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior, interponer juicios de amparo contra las porciones normativas de la Ley que atentan contra derechos fundamentales de los trabajadores y sindicatos, agotando todas y cada una de las instancias Nacionales e Internaciones, aún y ante el temor fundado de que sea impedido el ejercicio de nuestros derechos al ser considerados como un “riesgo” o “amenaza” de seguridad interior.

Atte: Lic. Héctor Barba García y Héctor Solano Cid.

Asesores del STRM y del equipo jurídico de la UNT. 

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