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El negocio de las prisiones




La llegada del gobierno de la 4T a la administración federal, ha contrapunteado con otras facciones de la burguesía, nada más allá de un ajuste de cuentas, del cierre de negocios para unos y la bonanza para otros. Solo basta ver la inmunidad de los Salinas Pliego, la jefatura de Alfonso Romo como principal operador de López Obrador o al mismo Carlos Slim; todos prósperos amigos de la 4T. Frente a esta pandilla, se encara el Consejo Coordinador Empresarial, que dirige Carlos Salazar Lomelín o la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) regida por Gustavo A. De Hoyos Walther; acérrimos “críticos” del gobierno.


En ese contexto hay que ubicar los señalamientos del gobierno federal descubriendo los negocios de varias empresas para la construcción y operación de penales. También en la alimentación, lavandería y servicios de alimentos. Concretamente, el presidente señaló a un cuñado de Carlos Salinas de Gortari con cifras de 16, 000 millones de pesos al año. Refirió que se cobraba 100 mil pesos mensuales por interno, por 12 mil reclusos en ocho penales. Estos contratos fueron asignados por adjudicación directa en sexenios anteriores. Efectivamente hizo referencia a políticos de otras administraciones, pero se reservó el nombre de empresas: “si no se tiene un arreglo, aquí vamos a estar informando, obviamente aquí hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos muy ligados al poder. Me reservo los nombres, pero son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas a políticos”.


Pero ante este ajuste de cuentas evidenciado con la exhibición de los contratos no nombró a empresas super poderosas como BlackRock, que manejan penales en el país. Esta empresa prototipo del capital financiero internacional, maneja fondos de inversión y control accionario en Bank of America, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup (Jornada de Oriente. 12.12.20).

La subrogación de las cárceles no es otra cosa sino su privatización, entregando un mercado cautivo con financiamiento seguro de recursos públicos. Jugoso negocio con fondos del erario para beneficiar a la burguesía. La gravedad de esta intervención abierta de los capitalistas en la operación de este sector se puede observar en EE.UU., donde influyen, con bastante poder, en las políticas públicas y de seguridad, aumentando los criterios de castigo para mantener llenas de pobres las cárceles, y modificando leyes para extender sus condenas. Esto les permite aprovechar la fuerza de trabajo de los presos que laboran en condiciones de esclavitud, prácticamente sin pago. Veremos pronto a qué arreglo llega la 4T con el capital financiero internacional en el rubro de prisiones, ya que su objetivo no es detener la privatización.


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