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Ley agraria en Perú igual que en México



En Perú, desde el pasado mes empezó una oleada de movilizaciones en contra de la “Ley agraria”, dirigida por miles de campesinos y trabajadores agrícolas.

En este mes parece haber las condiciones para un nuevo repunte, ya que la controvertida ley solo otorga un bono del 30% a los trabajadores agrícolas, que no se refleja en un ingreso permanente. Establece además una jornada de 8 horas diarias y 48 horas a la semana, de donde se deberán pagar “sobretiempos” y un sueldo mínimo (261.9 dólares mensuales aproximadamente 174.6 pesos mexicanos al día, por encima del aprobado por la llamada 4T para los jornaleros agrícolas ($154.03)).

Recordemos que la reforma agraria en 1969, dentro de una dictadura, fue una mala imitación de los errores de la mexicana, donde a las comunidades indígenas se les dotó de la peor tierra y se reformuló la casta de agroempresarios modernos que dominan la producción agrícola peruana.

Dicha reforma reasignaría el 56% de la superficie agropecuaria del Perú. En la actualidad el 97% de las unidades agropecuarias del Perú son “familiares” o de autoconsumo, dato que comparten con la realidad de varios países en América Latina (en México serian de 72.6% al 2019).

Debido la falta de soluciones permanentes, frente a la pandemia y ante la destrucción del comercio local la movilización callejera está retomando una consistencia popular. Por otro lado, en México, el 31 de diciembre se aprueba un decreto que promete la restricción gradual de glifosato y de productos que lo contengan (tanto en su uso, comercialización y producción) y de manera similar, las semillas transgénicas. Esto responde a una petición histórica, al ser México el principal centro de origen y diversidad del maíz, entre otros cultivos, que es de dudar que se cumpla.

La crítica se visualiza en la timidez de AMLO, donde la restricción total entrará efectivamente en el 2024 (justo al terminar su periodo de gobierno). Pero la autorización del uso parcial del glifosato y el maíz transgénico está a juicio de los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (fieles impulsores de los Organismos Genéticamente Modificados e impuestos por Monsanto-Bayer). Similar maniobra, a la ambigüedad de “los guardianes del maíz nativo” de la 4T que sin recursos deben luchar contra la oligarquía en el campo.

Así, en el 2021 existen las condiciones suficientes para desarrollar la lucha revolucionaria del campesino pobre y del trabajador agrícola en todo América Latina.

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