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Otra cara del fascismo: la ley de “mano dura” en Querétaro



La historia contemporánea de México nos recuerda una serie de gobiernos con tendencia fascista en sus leyes y acciones que atentan contra los Derechos Humanos (DDHH) y la dignidad humana.


Díaz Ordaz, Echeverría, Calderón y Peña Nieto, los más cercanos en el tiempo, nos recuerdan a Pinochet y a los militares golpistas latinoamericanos, hijos predilectos del imperialismo yanqui.


En los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, y otros, también han tenido gobernantes represores. ¿Quién no recuerda la “Ley bala” del criminal panista Moreno Valle ex gobernador de Puebla?


En esa línea del tiempo llegamos a Querétaro, donde la ultraderecha recalcitrante del Yunque gobierna desde hace algunos sexenios. Su característica ha sido la represión, el encarcelamiento de líderes de movimientos sociales: magisterio, comercio popular, vendedores ambulantes, indígenas y todo aquél que se oponga a sus políticas rapaces y entreguistas, donde imperan los grandes negocios de empresarios cercanos al poder.


Utilizando como pretexto la protección de los DDHH de los queretanos, la Cámara de Diputados aprueba el 30 de abril de 2020 reformas al Código Penal del estado de Querétaro (C.P. de Q.). Aprovechando la pandemia del Covid-19, pensando como el mercenario Ferriz de Con que “la pandemia es una bendición”, utilizan la cuarentena, decretada por el Gobierno Federal, para imponer medidas represivas a la ciudadanía y las reformas al Código Penal, criminalizando la protesta social, con el pretexto del distanciamiento social, en menoscabo de derechos y libertades fundamentales, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en el Teatro de la República de Querétaro: libertad de tránsito, de organización, de manifestación, de trabajo, de pensamiento, etc.


En la lógica de asegurar el poder, apuestan a las elecciones del 2021 pretendiendo mantenerse en el poder y al servicio de los poderosos. En esa lógica, el gobernador de Querétaro, esquirol y vándalo, Francisco Domínguez no se “quema” y el “soberano” poder legislativo local lleva la iniciativa y “aprueba” una serie de reformas al C.P. de Q. justificando las reformas con la pandemia del Covid-19, sin embargo, no hay un transitorio que así lo defina. En las reformas aprobadas incrementan las penas a casi o más del doble; pero hay artículos con temas que nada tienen que ver con la pandemia: oponerse a la obra pública o privada, darles mayor poder a dependencias de seguridad (policías), inhibir la organización social, en contra de la protesta social y el derecho a la libre manifestación en espacios públicos. En la realidad, estaremos ante un estado con toque de queda digno de las dictaduras mencionadas. Esto en palabras lisas y llanas se llama fascismo. En cualquier lugar donde con el terrorismo se violen DDHH y libertades políticas de las mayorías populares, mostrando una dominación abierta del sector más reaccionario de la oligarquía, se le llama Estado fascista.


Incrementar años de cárcel, multas y sanciones, como si con aumentar cárceles y policías se agotaran los problemas sociales, económicos y políticos. Para las mayorías populares ninguna medida que garantice el trabajo, la salud, la educación, la seguridad, el alimento, la vivienda, para ello no hay recursos, para su política represiva sí. ¡Queremos hospitales y escuelas! ¡No queremos policías, militares y cárceles!


Exigimos una política social que beneficie a los que hacen la riqueza de este país: el proletariado y mayorías populares y no para los sectores privilegiados.


Se habla de rescate a ganaderos y empresarios, pero nada se dice de apoyo para comercio popular, pequeñas y microempresas, ni para los desempleados.


Te ordenan “quédate en casa”, cuando no hay ingresos porque no hay trabajo, cuando se renta una vivienda y no tienes para su pago, cuando no tienes que comer, y eso no empezó con la pandemia, ya desde antes de esta.


Por orden del gobierno, el congreso local, de mayoría panista, más sus aliados y cooptados, aprueban el 30 de abril las reformas al Código Penal que contravienen los DDHH garantizados en la Constitución Federal. Por todo ello, exigimos la derogación de la “Ley de Mano Dura”, “Ley garrote” o “Ley Macana” la ley del esquirol Francisco Domínguez Servién.

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